Fiscalía pone trabas y desalojo queda «en suspenso» en Costa Sosa
La fiscal Mirta Ortiz puso trabas para proseguir con el desalojo de los ocupantes de una finca de 3 hectáreas, perteneciente a la señora Rosana Palacios. El terreno está ubicado en la compañía Costa Sosa, de Luque.
Una dotación policial resguardó el desalojo del miércoles en la zona de Costa Sosa.
El miércoles se procedió al desalojo y demolición de la vivienda ocupada por Ángel Gamarra, quien fue detenido durante el procedimiento fiscal y policial por resistencia, pero no fue imputado y quedó libre.
Sin embargo, la fiscal interviniente comunicó al representante legal de la empresa Negocios Inmobiliarios, Abog. Robert Giménez, que el desalojo de varias familias “queda en suspenso” por falta de “disponibilidad de tiempo”.
“Lastimosamente la fiscal pone obstáculos y debemos ver cuando continuar los desalojos. Dijo que va a pedir más informes antes de continuar”, comenzó diciendo el abogado litigante.
Giménez cuestionó la labor de la fiscal Mirta Ortiz, señalando que “la fiscal funge más de defensora de los invasores que velar por los derechos de la víctima, que en este caso la propietaria Rosana Palacios”.
Analizan recusar a la fiscal
Esta construcción fue demolida en el día del desalojo que no concluyó.
El abogado Robert Giménez adelantó que con su cliente analizan presentar una recusación contra la fiscal Ortiz. “No se puede tolerar tanto manoseo”, agregó.
“No sé qué informes va a pedir si está más que confirmada la ocupación ilegal de la propiedad de mi cliente. Además existe flagrancia con la presencia de los presuntos invasores en la finca de 3 hectáreas y a pesar de la notificación no salen del inmueble”, cuestionó el profesional.
Giménez se quejó por qué “al final los invasores son presentados por las propias autoridades como víctimas y los dueños como malvados e insensibles”.
Explicó que los ocupantes hace tres años permanecen en el lugar, pese a que presentaron todos los documentos del inmueble en disputa al Ministerio Público.
Precisamente la Fiscalía ejecuta tres años después un desalojo a medias.
Instigador en la mira
Los ocupantes de estas precarias viviendas aseguran que fueron estafados por Román López
En la zona de Costa Sosa se instalaron más de cien familias en las fincas pertenecientes a al menos tres inmobiliarias y a propietarios particulares.
Los presuntos invasores señalaron que fueron estafados por un tal Román López, quien supuestamente les instigó para ocupar las propiedades a cambios de pagos a menor costo.
Los afectados al percatarse del desalojo se acercaron junto a los intervinientes policiales y de la Fiscalía para informar que ellos compraron los terrenos de Román López, quien vive en la zona.
Precisamente, cuando comenzó la ocupación de los terrenos hace tres años, López fue detenido, imputado y remitido a la cárcel por unos días, pero luego recuperó su libertad y siguió estafando a las familias, ofreciendo los terrenos a bajo precio y con la promesa de que una vez finalizado el pago se procedería a la transferencia del terreno a nombre de cada comprador.
