Dos sospechosos del asalto y asesinato de un empleado de la empresa Hierro Matt fueron detenidos en la mañana de este martes, mediante dos allanamientos simultáneos en la compañía Tarumandy, Luque. El mortal atraco ocurrió el pasado 4 de setiembre frente a un banco de Luque a donde iba Carlos Daniel Barboza Segovia, cuando fue interceptado por dos motochorros. El botín robado fue de G. 30 millones.
Familiares y amigos de Carlos Daniel Barboza, asesinado la semana pasada por motochorros, en la tarde de este lunes realizaron una manifestación pacífica frente al local de Hierro Matt, exigiendo justicia para la víctima de la inseguridad. Cabe señalar que el joven trabajaba en la referida empresa y fue ocupado para realizar depósito bancario, cuando fue asaltado y asesinado por los motoasaltantes en Las Redidentas y Humaitá, de Luque.
Patrulleros de la Comisaría 3ª de Luque detuvieron a dos motochorros con órdenes de captura y frondosos antecedentes penales por diversos hechos delictivos. Estaban armados con un machetillo y cometieron un intento de robo agravado en el barrio Primavera, a bordo de una motocicleta de dudosa procedencia. Resultó víctima una joven.
La Comisaría Tercera de Luque comunicó el robo de un automóvil y la detención de varios delincuentes con órdenes de captura y por violar sus respectivos «arrestos domiciliarios». Los robacoches “levantaron” un automóvil en solo 4 minutos. Ocurrió en Cuarto Barrio. Uno de los ladrones ya fue identificado por la Policía.
Agentes del Grupo Lince y Patrulleros de la Comisaría 3ra de Luque procedieron a la aprehensión de dos presuntos motochorros, uno de ellos por violar su arresto domiciliario por otro caso de robo agravado. En el poder de los sospechosos hallaron drogas y un arma blanca. Según la Policía, ambos fueron sacados de circulación momentos en que estaban a punto de cometer asaltos callejeros.
Pese a las numerosas evidencias, la jueza Carmen Román otorgó medidas alterativas al presunto motochorro Alfredo Jonas Arce López (18), mecánico, quien fue imputado por la Fiscalía por robo agravado y otros. El procesado, a través de su abogado puso una fianza de G. 80 millones para acceder a guardar prisión domiciliaria. La Policía dejó entrever que no está conforme con la decisión de la magistrada.
