Imputan a funcionario municipal por planillerismo
La fiscal Sophía Galeano imputó por presunto cobro indebido de honorarios a Arnaldo Ariel Martínez Caballero, jefe de Recaudaciones de la Municipalidad de Luque, quien sigue cobrando su salario pese a estar fuera del país hace 4 años. El perjuicio estimado sería de G. 442 millones.
Tras una investigación de @nanduti y el posterior pedido de informes realizado por concejales luqueños, el @MinPublicoPy formuló imputación contra Arnaldo Ariel Martínez Caballero, de 47 años, por el presunto hecho punible de cobro indebido de honorarios.
El alto funcionario, jefe de Recaudaciones, vivía en España pero figuraba que cumplía funciones en la comuna luqueña, administrada por el intendente cartista Carlos Echeverría (ANR).
Según el cruzamiento de datos entre los registros de @MigracionesPY y la planilla salarial de la Municipalidad de Luque, Martínez Caballero habría permanecido en el extranjero durante 3 años y 9 meses de manera intermitente.
Sin embargo, al parecer, no se le habría aplicado ningún tipo de descuento en su salario. Incluso, durante todo el año 2022 habría estado en España, según se pudo comprobar.
El nuevo escándalo que sacudió a la Municipalidad de Luque tras detectarse que dos funcionarios seguían cobrando salarios pese a residir en el extranjero, ahora sigue el curso de la investigación a cargo del Ministerio Público.
Se trata de Arnaldo Ariel Martínez Caballero, jefe de Recaudaciones, quien habría permanecido largos periodos en Europa mientras percibía su sueldo, generando un perjuicio estimado de más de G. 442 millones.
Otro caso similar
También salió a luz el caso de la funcionaria municipal Adela Magaly Alcaraz Sosa, asesora técnica que desde 2024 estaría radicada en Estados Unidos, con un daño superior a G. 113 millones. La Fiscalía aún no se expidió sobre este grave caso que afecta a la Municipalidad de Luque.
En total, el presunto planillerismo habría causado un perjuicio de más de G. 556 millones al erario público municipal, lo que desató reclamos ciudadanos de imputación y sanciones, al considerar que se violaron la Constitución y la Ley de la Función Pública.
