Juez otorga permiso al concejal Romero pero en la Junta le hacen el vacío

Amparado por una resolución judicial, el concejal Diego Romero Orué, se presentó este martes en la Junta Municipal para participar de la sesión ordinaria. Sin embargo, el presidente de la Junta, Rómulo Pérez, se negó rotundamente a cumplir la medida ordenada por el magistrado Nelson Romero. Los ediles oficialistas se retiraron de la sala, dejando sin quórum la sesión. El edil denunció que recibió amenaza de muerte.

Momentos en que el concejal Diego Romero se presentó a la Junta Municipal para participar de la sesión ordinaria.

El edil está imputado y con prisión domiciliaria por violencia familiar. La denuncia fue promovida por su colega y ex pareja sentimental Belén Maldonado.

Este martes el concejal Romero, a través de sus abogados,  solicitó al juez Garantías de la causa, Nelson Romero, el pedido de revisión de medidas y presentó estudios sicológicos y siquiátricos, además demostró arraigo como concejal de la ciudad de Luque, y pidió un permiso especial para los días martes y jueves, de 08:00 a 12:00 para participar de las sesiones en la Junta Municipal.

En ese sentido, el juez le otorgó el permiso especial, pero con acompañamiento policial para asistir a su lugar de trabajo, según el oficio Nº 320 (ver foto).

El oficio judicial firmado por el juez Penal de Garantías de Luque, Nelson Romero, en donde designa a dos policías para acompañar al procesado hasta su lugar de trabajo.

La Junta Municipal, presidida por el liberal Rómulo Pérez, se encontraba en plena sesión cuando llegó el concejal Diego Romero en compañía de sus abogados y dos policías.

El titular de la corporación legislativa advirtió a Romero que no podía participar de la sesión, desconociendo el oficio firmado por el magistrado de la causa.

Seguidamente, Rómulo Pérez se retira de la sala, alegando que un juez de Paz de San Lorenzo, ordenó el alejamiento del concejal Romero de la denunciante. El concejal Eliseo Fernández Oviedo asumió la presidencia y continuó la sesión por unos minutos.

Finalmente, los demás concejales (Arnaldo Baeza, Enrique Quintana, Rubén González Cháves, Eliseo Fernández Oviedo, Manuel Achucarro Gill, Belén Maldonado, José Meza y Francisca Franco, también abandonaron la sesión, dejando sin quórum.

El presidente de la Junta Municipal de Luque, Rómulo Pérez (PLRA), exhibe una aclaratoria que solicitaron al Juzgado de Paz y desconoce el oficio del Juzgado de Primera Instancia, que le otorgó el permiso a Romero para asistir a la Junta.

AMENAZA DE MUERTE

Por otro lado, el concejal Romero denunció que recibió amenaza de muerte por denunciar presuntas irregularidades en la Municipalidad de Luque.

“Hace un mes que un motociclista se me acercó y luego de mostrarme un arma de fuego, me advirtió para que me cuidara. Hice la denuncia en la Fiscalía y ahora hago público para que la ciudadanía se entere. Hago responsables a los nueve concejales (colorados y liberales y al propio intendente Carlos Echeverría) por algún atentado contra mi persona”, explicó.

Romero indicó que la resolución judicial le permite acudir a su lugar de trabajo los martes y jueves.

Sobre la negativa del titular de la Junta y sus demás colegas explicó que se evidencia aún más la persecución política que soporta desde que comenzó una batalla contra los oficialistas para presuntas irregularidades administrativas en la Municipalidad de Luque.

“Me quieren sacar de la Junta de cualquier forma. Primero me suspendieron arbitrariamente y al no lograr su cometido, ahora mi ex pareja (Belén Maldonado) me denunció por violencia familiar luego de 10 meses de no convivir con ella, pero aquí está claro que la persecución tiene un trasfondo político”, señaló.

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