Hijo de González Daher percibe G. 20 millones por 8 días de “trabajo” en la Junta Municipal de Luque

Los contribuyentes luqueños deberán pagar mensualmente G. 20 millones al concejal Rubén González Cháves por ocho días de “trabajo” en la Junta Municipal de Luque. El hijo del ex senador Oscar González Daher recuperó su banca la semana pasada. Pese a estar imputado por corrupción, el cuestionado edil “ya empezó a legislar” para los luqueños. Cuatro de los seis concejales liberales presentaron un dictamen jurídico contra su colega, y uno de ellos lo tildó de “preso sambuku”.

El cuestionado concejal luqueño, Rubén González Cháves, abandonó la sesión del martes para evitar escuchar el dictamen en su contra.

González Cháves obtuvo un permiso de dos días semanales del juez Humberto Otazú para volver a “trabajar” en la Junta Municipal de la Municipalidad de Luque.

PROCESADOS

El ex legislador y el edil fueron imputados por enriquecimiento ilícito en la función pública, declaración falsa y lavado de dinero. El primer hecho punible es considerado crimen con una expectativa de pena hasta 10 años de cárcel, por lo que no se prevé medidas alternativas a la prisión, mientras que los últimos dos delitos tienen una expectativa de hasta 5 años de cárcel.

Según los antecedentes, ambos son propietarios de la empresa inmobiliaria Príncipe di Savoia que habría movilizado 8 billones de guaraníes, monto que no pudo pudieron justificar con los ingresos de los investigados y que está lejos de una posible inconsistencia.

Sin embargo, diez meses después de estar presos en la Agrupación Especializada, padre e hijo salieron con arresto domiciliario, y un par de semanas después obtuvieron permisos para “trabajar”.

En ese sentido, el edil con permiso Rubén González Chávez logró recuperar su banca en la corporación legislativa de Luque, con “ayuda” de las concejalas Francisca Franco y Belén Maldonado, ambas del PLRA.

Al principio, la bancada liberal le hizo el “vacío” al concejal González Cháves, dejando sin quórum la sesión ordinaria de la Junta la semana pasada.

Sin embargo, el jueves pasado Franco y Maldonado acudieron a la sesión extraordinaria, aceptando tácitamente al cuestionado concejal, quien pudo recuperar su banca.

Los demás concejales opositores Cristhian Bernal, Silverio Mosqueira, Jorge Acosta y Manuel Achucarro Gill, presentaron un dictamen jurídico  para sentar postura contra y cuestionar la vuelta de González Cháves.

Los citados ediles coincidieron en señalar que no están de acuerdo con la reincorporación a la Junta del procesado, pese a que cuenta con permiso del juez Humerto Otazú.

Achucarro Gill solicitó que la nota se lea a través de secretaría ante el pleno de la Junta, que fue llevado al sexto punto en la orden del día.

ABANDONÓ LA SESIÓN

Esta situación fue aprovechada por el cuestionado concejal para abandonar la sesión y evitar escuchar el dictamen de los cuatro concejales del PLRA.

El edil Jorge Acosta (PLRA), tildó a González Cháves de preso sambukú.

Mientras Silverio Mosqueira, también del PLRA, cuestionó a su colega procesado por “trabajar” solo dos días semanalmente y percibir G. 20 millones. Le dijo a González Cháves que por lo menos por ética no puede continuar como concejal. Luego le hizo recordar que fue elegido por el pueblo luqueño para trabajar siete días semanales por el sueldo que percibe.

El principal cuestionamiento es que el concejal cumple arresto domiciliario fuera del Municipio de Luque. Es de decir, en Asunción, mientras los martes y jueves, González Cháves viene a cumplir funciones laborales en Luque.

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